El adolescente de 16 está desaparecido desde el 31 de enero. Fue visto con vida por última vez en un destacamento policial de Lomas del Mirador y la Fiscal de la causa apunta a la Policía. En un barrio conmovido últimamente por la inseguridad, los más pobres, los "sin voz", son los que la sufren a diario.
Por Martín Filipic, Alejo Díaz e Ivanna Barbagallo
El primero de febrero pasado, la madre de Luciano Arruga, Mónica Alegre, denunció en el Destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, que su hijo no había vuelto a casa. Un rastrillaje hecho con perros confirmó que, la noche que desapareció, el menor estuvo en esa dependencia y en un patrullero. Los ocho policías que estuvieron de turno aquella madrugada fueron pasados a disponibilidad.
Luciano vivía en una casilla del barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador y ya había estado demorado en esa dependencia policial el 21 de septiembre de 2008 acusado de robar MP3 y MP4 a chicos del Colegio Fátima, aunque el Juzgado de menores Nº 3 desestimó la imputación.
Inaugurado en septiembre de 2007 y ubicado en la calle Indart 106, el Destacamento no tiene calabozos, no puede alojar detenidos y menos aún a menores. El paso de Arruga no figura en ningún libro a pesar de que ese día ingresó por la mañana y recién se retiró a la noche acompañado por su madre y muy golpeado, según se corroboró después en el Policlínico de San Justo.
La noche del 31 de enero Luciano fue visto por última vez. Estaba en la plaza República Argentina, ubicada en Perú y Necochea, a sólo seis cuadras del Destacamento, cuando la policía lo detuvo. Ya pasaron cuatro meses y sigue desaparecido. La hermana de Luciano, Vanesa Orieta (27), explica que algunos policías habían presionado a su hermano para que robe para ellos. “Sabemos que tenés dos hermanitos y que tu mamá está desempleada y así vas a poder aportar en tu casa”, cuenta Vanesa que le dijeron a Luciano días antes de desaparecer, y que él se negó a aceptar el ofrecimiento.
Pocos días después de la desaparición, la causa -caratulada como “averiguación de paradero”- recayó en la Fiscal Roxana Castelli de la Unidad Funcional de Instrucción (U.F.I.) 7 de San Justo. Desde un principio la familia apuntó contra la Policía, sobre todo desde que un amigo de Luciano apodado “Tito” se quebró y declaró que un compañero de escuela (“Gonzalo”) le contó que la noche del 31 estuvo detenido en el destacamento junto a Arruga y que lo vio agonizando.
A pesar de que Vanesa le manifestó por escrito a la Fiscal su sospecha, la recolección de pruebas y la indagatoria a los amigos de Luciano se delegó a la Brigada de Investigaciones. A su vez, las declaraciones tomadas incluso a chicos de 12 años presionados por los agentes, se efectuaron en la Dirección Departamental de Investigaciones de San Justo.
Resulta extraño pero la hermana de Luciano declaró sólo una vez en la causa. Fue cuando habían pasado cuatro semanas de “investigación” y debió hacerlo en presencia del oficial Herrera, uno de los efectivos que estuvo en el destacamento en la noche del 31 de enero y que fue pasado a disponibilidad por el Ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli. Según consta en la causa, los otros siete efectivos apartados -no trascendieron sus nombres- son: Vázquez, Díaz, Montes, Sotello, Márquez, Feiter y Celis.
Ante la inacción de la Fiscal, el 12 de marzo la familia de Luciano concurrió a la Fiscalía General a cargo de Patricia Ochoa. Por la resolución interna Nº 1390, el caso pasó a manos de la fiscal Celia Cejas Martín de la U.F.I. 1: el expediente, que tenía 45 fojas, ahora tiene nueve cuerpos.
Cejas Martín apartó inmediatamente a la policía de la investigación, allanó el Destacamento y después de descartar decenas de hipótesis y pistas que le llegaban a la fiscalía ordenó a la Gendarmería el rastrillaje de un descampado de Monte Dorrego, ya que una línea de la investigación apuntaba a que Luciano podía haber sido enterrado allí. Se descubrió un pozo donde por el tamaño podría haber estado enterrado Arruga y en el que la prueba por olfato de perros de la Policía Federal arrojó un 70% de posibilidades de que Luciano había estado allí.
La Fiscal espera la declaración de “Gonzalo” para pedir la detención de los ocho oficiales implicados y, una vez que eso ocurra, aguardará el permiso del Juez de garantía Gustavo Banco para comenzar las indagatorias a los ocho policías. Cejas Martín también tiene en la mira al oficial Torales, quien no justificó su presencia en el Destacamento aquella madrugada. Según Vanesa, es quien en la primera detención de Luciano “lo sostenía para que los otros policías le pegaran”.
Para la fiscal, “la próxima instancia sería el cambio de carátula a privación ilegítima de la libertad, detención ilegal y tortura seguida de muerte, pero si cambia a desaparición forzada de persona, la causa pasaría a la Justicia Federal, ya que se trataría de un delito de lesa humanidad, situación que implicaría al Estado”. La familia no quiere que se cambie la carátula por ahora porque implicaría un cambio de fiscalía y están conformes con el accionar de Cejas Martín.
Además de la aparición de Luciano y el juicio a los responsables, Vanesa reclama el cierre del Destacamento: “En Lomas del Mirador creció la delincuencia, se instalaron tres prostíbulos y empezaron las zonas liberadas. En esa casa se tortura; se aplica picana y submarino seco. Queremos su cierre para poner un Centro Cultural”.
A pesar de los miles de casos de gatillo fácil reconocidos por la policía como errores, abusos y excesos, desde el fin de la dictadura en 1983 hasta hoy, sólo en once causas se condenó a policías por el delito de tortura seguida de muerte.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo Pimentel, concluyó: “En el país de los desaparecidos no podemos permitir esto; no puede haber ni uno más”.
¿Quién desapareció?
Un chico del barrio 12 de Octubre como cualquier otro de un barrio humilde. Era morocho, alto y escuchaba reggaeton. Su condición social lo obligó a dejar el colegio pero le había prometido Vanesa que iba a retomar sus estudios. Con su hermana tenía muy buena relación y se había tatuado un “Vane” en alusión a ella.
Luciano Arruga vivía con su madre y sus hermanos varones en una casa que no tiene ninguna comodidad, ni siquiera un baño. Se hizo dueño de un conocimiento empírico perfecto del significado de la discriminación y el abuso de poder por vivir en un barrio humilde. Sin embargo, sabía que no era algo justo. “Luciano no se callaba nada, los policías le decían negro villero, hijo de puta y él les redoblaba la apuesta, los insultaba pero con un lenguaje propio de su grupo y lo golpeaban”, describe Vanesa.
El último tiempo su hermana lo acompañaba hasta su casa porque “lo paraban en todos lados y sabía que iba a pasar algo así”; Luciano, quien cumplió 17 el 28 de febrero pasado, tenía muy en claro cuáles eran las posibilidades de su destino y la impunidad que corre por el conurbano bonaerense, Vanesa se lo alertaba.
Lo primero que se dijo de Luciano cuando no aparecía fue tenía problemas con las drogas, máxima refutada por sus familiares. Sin embargo ¿Cuál es la importancia de tal cosa? ¿Acaso no es el mismo esquema de pensamiento que se aplicó durante mucho tiempo en períodos dictatoriales? Parece que el “algo habrán hecho” aún no se ha ido, perenne en la idea de la criminalización de algún sector, hoy, el de los pobres.
Publicado en la revista Mavirock Nº12.
